La plasmación del derecho a la desconexión digital en la negociación colectiva (II)

Diego Megino Fernández.
Universidad de Burgos.


En otra entrada previa dentro de este mismo blog ya se tuvo ocasión de abordar la recepción del derecho a la desconexión digital en la negociación colectiva. No obstante, mientras que entonces la atención se centró en los textos publicados en el BOE, es decir (y permítase la licencia, pues se es consciente de que la afirmación no es del todo precisa, aunque sí admisible a los efectos que aquí interesan), aquellos de ámbito «nacional», ahora el foco va a recaer en los difundidos a través de las análogas gacetas autonómicas y provinciales. De este modo, con la combinación de ambas aportaciones, se ofrecerá al lector una radiografía todavía más fiel acerca del modo en el cual, dentro de los respectivos marcos territoriales analizados, los interlocutores sociales están aplicando o aprovechando las facultades que la norma legal les confiere en la materia.

Para ello, la metodología ahora aplicada continúa siendo esencialmente la misma: partir de la consulta de los convenios publicados entre el 1 de enero de 2019 y finales de julio de 2021 en los boletines autonómicos (todos, sin excepción) y provinciales [si bien en este caso, dado el amplísimo número de posibilidades, se optó por utilizar un criterio de búsqueda exacta («que incluyan la expresión “desconexión digital”»)].

¿Qué conclusión principal se ha podido extraer tras el examen efectuado? Una no por más esperada menos llamativa: a pesar del elevado volumen de textos existentes (varios centenares), tanto en los entornos autonómicos como en los provinciales las previsiones desarrolladas y completas sobre el derecho a la desconexión digital continúan suponiendo una rara avis[1]. Es más, buena parte de ellos ni siquiera incluyen una mínima alusión al respecto. Por consiguiente, parece que junto a una efectiva mejora del marco legal (una demanda extendida entre la doctrina científica), deviene asimismo necesaria una labor de pedagogía sobre la garantía, para que cale entre los empleadores, los trabajadores y, por último, los interlocutores sociales (sectoriales o de empresa).

Lo anterior se une a otra circunstancia igualmente reseñable: la enorme disparidad cuantitativa (número de documentos útiles para el estudio) y cualitativa (extensión y profundidad de los contenidos en último extremo aprovechables) entre los distintos territorios. Probablemente, este hecho no merezca una mayor reflexión y obedezca a la acción aleatoria de causas de diversa índole como, por ejemplo (es una hipótesis, no una conclusión), los diferentes niveles de desarrollo económico, industrial y empresarial; la superior o inferior tradición negociadora; el variable grado de implantación o pujanza de las organizaciones sindicales, etc. No obstante, se ha estimado interesante apuntarla.

Dentro todavía del terreno de la especulación, incluso cabría reflexionar sobre los presumibles efectos atribuibles a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, responsable, al menos, de un paréntesis generalizado en los procesos de negociación durante los momentos más intensos de la pandemia y de que, a posteriori, las prioridades en las mesas del diálogo social difieran entre sectores, actividades y empresas. Pero, a la vista de los hechos, ¿sería tan descabellado pensar que, de un modo u otro, también el aciago patógeno ha logrado difuminar u ocultar la senda abierta y ensanchada por una ya consolidada LOPDPGDD[2], la extensión rápida y generalizada del teletrabajo y la flamante regulación sobre la prestación de servicios a distancia[3]?

Sea como fuere, desde un punto de vista objetivo no extraña que, también aquí, la mayoría de las limitadas previsiones localizadas tiendan bien a reconocer el derecho con tibieza o sumariedad[4], bien a remitir a la normativa legal de aplicación[5]. Al menos, de vez en cuando se alude a la idoneidad de fomentarlo e impulsarlo dentro de las organizaciones[6] o, «buscando[además] el mayor consenso entre empresas y representaciones sindicales»[7], bajo el paraguas de la negociación colectiva[8] (siquiera sea gracias a la labor previamente desarrollada por comisiones ad hoc, encargadas de «realizar los estudios […] [y] análisis necesarios al objeto de trasladar las propuestas que se consideren a la comisión negociadora del próximo convenio»[9], o para la renovación y actualización de acuerdos ya suscritos[10]).

En un plano similar se mueven las reflexiones que, desde un enfoque más amplio, destacan la trascendencia de las modificaciones estructurales propiciadas por «los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas»[11], con una mención especial para «la revolución digital, el auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) […] los procesos de automatización y globalización»[12], y, sobre todo, el fenómeno de la «interconectividad digital», dada su capacidad para diluir las coordenadas tradicionales propias de los lugares y los tiempos de prestación de servicios[13], al mudar «los escenarios de desenvolvimiento de las ocupaciones laborales hacia entornos externos a las clásicas unidades productivas: empresas, centros y puestos de trabajo»[14]. No en vano, el diálogo social está llamado a representar un papel protagonista a la hora de afrontar «la afectación e impacto de la denominada industria 4.0, la nueva era de la digitalización, Internet de las cosas y las nuevas tecnologías […] con la finalidad de extraer, en el entorno de las relaciones laborales y del trabajo, conclusiones que, en su caso, permitan anticiparse y prever nuevas situaciones y realidades socioeconómicas»[15].

Sin duda, «el desarrollo de los instrumentos digitales ofrece muchas ventajas tanto en la gestión del tiempo como en el de la comunicación: permite acortar los plazos para la toma de decisiones y una mejor organización del trabajo; mejora la productividad; acelera la ejecución de las tareas y ofrece soluciones apreciables en términos de articulación de los tiempos de vida profesional y personal»[16]. Sin embargo, como reverso de la moneda, también puede acarrear «el riesgo de una conectividad permanente y una sobre-exposición a la información, que hay que tener en cuenta y solucionar»[17], dada su potencial (y negativa) afectación sobre «los tiempos de descanso [y, con ello, sobre la seguridad y la salud de los empleados] y […] la conciliación de la vida personal y familiar»[18].

Señalado cuanto precede, es el momento de compartir expresiones más acabadas o precisas (pero no necesariamente completas, pues la tónica habitual sigue siendo la de los planteamientos parciales, asistemáticos e irregulares). Antes de pasar a ellas, procede apuntar que, ante la imposibilidad de encontrar patrones sólidos a partir de los cuales ofrecer un discurso estructurado, cuanto sigue no deja de constituir una suerte de totum revolutum de contenidos, que se han intentado ir hilvanando a fin de proporcionar un texto cohesionado e ilustrativo. Así:

  • En primer lugar, aunque con la ocasional puntualización atinente a la necesidad de valorar con carácter previo «las diferentes casuísticas y tratamientos diferenciados que puedan existir»[19], se tiende a reconocer a todos los empleados («tanto de las personas que realizan su jornada de forma presencial como aquellas que lo presten mediante nuevas formas de organización como trabajo a distancia, teletrabajo, flexibilidad horaria u otras»[20]) la facultad de no atender fuera de su horario laboral los requerimientos profesionales recibidos (mediante correos, mensajes, llamadas…)[21].
    Desde otra perspectiva, más rotundos (y, en cierta medida, recomendables) se antojan los planteamientos que convalidan el derecho efectivo a no «recibir llamadas fuera de las horas de trabajo»[22] o a «no tener que responder comunicaciones electrónicas fuera de su jornada legal de trabajo y de los convencionalismos establecidos»[23]. De ahí la trascendencia de fórmulas como las de, por ejemplo, prohibir que se remitan «correos electrónicos hora y media antes […] [y] hora y media después de la entrada y salida al puesto de trabajo, […] los fines de semana o [las] vacaciones», acompañadas de la recomendación adicional de aplicar «la opción de “retrasar entrega” y establecerla en las horas indicadas»[24]; prever «unas reglas de buen uso de las diferentes herramientas tecnológicas, estableciendo límites o barreras para evitar los abusos y para proteger al personal que quiere ejercer este derecho»[25]; o, es verdad que quizás no enunciada con esta finalidad, vincular el sistema de control horario a implantar en la empresa con, entre otros, los «derechos digitales [incluido, por consiguiente, el de la desconexión] reconocidos en la normativa vigente»[26].
    La garantía, pese a todo, admite cierto nivel de modulación, conforme sucede con quienes «estén a disposición de la empresa y perciban por ello una retribución, […] [que tendrán] el deber de atender las comunicaciones de la empresa, de conformidad con las normas que regulen el régimen de disponibilidad»[27]; así como con las situaciones de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales e inherentes al cargo desempeñado»[28] susceptibles de conllevar, verbi gratia, «un grave, inminente o evidente daño empresarial o del negocio»[29]. El apremio inherente a estos episodios justifica la prioridad otorgada a «la llamada de teléfono sobre el correo electrónico […] [de manera que solo si la primera no fructifica se indicará en el segundo] el carácter de “importante” o “urgente”»[30].
    A renglón seguido, ningún reproche merece que se califique como falta laboral grave «no atender durante el período de disponibilidad [o de retén[31]] el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación de la empresa asignado [como un busca[32]] o llevarlo desconectado o no avisar de inmediato a la empresa de que está averiado»[33]; ni que este hecho se convierta en un incumplimiento de mayor trascendencia punitiva cuando «acontezca en más de una ocasión en el período de 60 días hábiles […] o cuando las consecuencias derivadas fueran de gravedad»[34].
    Eso sí, lo supra expuesto no debe llevar a equívoco: al margen de tan especiales eventualidades, la empresa no podrá tomar represalias contra los trabajadores que ejerzan su derecho a la desconexión digital[35], debiendo ser calificadas tales actuaciones como radicalmente nulas[36].
  • Evidentemente, para una efectiva y adecuada materialización de la garantía deviene también esencial «responsabilizar a todo el personal»[37], contribuyendo, así, a que los trabajadores prevengan la fatiga informática y se desvinculen (o desentiendan) por completo de su actividad laboral «durante las vacaciones, periodos de suspensión, permiso retribuido o similar, así como los periodos de baja de IT común o profesional»[38].
    A este respecto, atesoran un notable relieve las acciones de adiestramiento, información y sensibilización[39] «sobre el uso razonable de las comunicaciones y medios digitales»[40]; más aún si cuentan con un espacio reservado para «los mandos intermedios y […] la misma dirección de la empresa»[41], y se integran dentro del plan general de formación de la organización productiva[42].
  • Asimismo, el establecimiento de un marco rector consensuado (diferente, por tanto, del unilateralmente impuesto por la empresa, aun cuando, a tenor del artículo 88.3 de la LOPDPGDD, deban mediar consultas previas[43]) adquiere un extraordinario valor, motivo por el cual deben ser destacadas las obligaciones de informar a los representantes del personal, «con antelación de al menos un mes, a la toma de la decisión de aquellas propuestas de transformación digital o tecnológica que no supongan modificación sustancial en las condiciones de trabajo pero que pudieran tener cualquier efecto sobre el empleo y los métodos o formas de trabajo […] [con indicación del] detalle de las consecuencias, las nuevas formas operativas y las modificaciones tecnológicas en las que se incida, así como exposición de las razones que acompañen a la decisión tomada»[44]; y, sobre todo, de pactar con ellos «protocolos de uso de los dispositivos digitales facilitados a la plantilla»[45] o «los criterios para el ejercicio del derecho a la desconexión digital»[46], cuyo grado de cumplimiento bien podría ser verificado por «una comisión de estudio, seguimiento y evaluación»[47].
    En este sentido, cuanto menos discutibles resultan aquellas disposiciones (cierto es que minoritarias) a tenor de las cuales la responsabilidad que la norma legal hace recaer sobre el empleador muta en mera capacidad, al señalar que, «en el ámbito de la empresa y de forma negociada con la RLT, se podrá elaborar un protocolo [o política interna[48]] que formalice este nuevo aspecto»[49].
    Sea como fuere, sin perjuicio de «considerar e identificar [también] las necesidades específicas de la actividad para asegurar que se mantenga un servicio adecuado en todo caso, conciliando esta exigencia con el ejercicio del derecho a la desconexión», a tal fin se ha de partir del consabido «diagnóstico [preliminar] con objeto de que se identifiquen los supuestos en que se produce una interrupción del descanso del personal, distinguiendo en función de su tipología (recurrente o esporádico, puntual o de larga duración, conlleve una acción especial o no, medio tecnológico exigido para su resolución, etc.) y de la tipología de personal de que se trate»[50].
  • Terminando ya, cuando esté adecuadamente configurada la desconexión digital incidirá de manera positiva sobre, en primer lugar, la conciliación de las vidas personal, familiar y profesional de los trabajadores[51], razón suficiente para evaluar de un modo positivo las comisiones encargadas de, dentro de tan particular contexto, advertir «posibles buenas prácticas y recomendaciones acerca del uso de herramientas digitales de comunicación»[52], «sensibilizar sobre el uso razonable de los dispositivos digitales»[53] o aprobar y difundir «una política sobre el derecho a la desconexión digital»[54].
    Y, en segundo término, sobre la prevención frente a los riesgos laborales, lo que pone en valor la responsabilidad asignada al empleador de consultar con el personal y los representantes de estos, «con la debida antelación, […] [acerca de] la adopción de cualquier decisión relativa a la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores»[55]. Al fin y a la postre, «la conectividad [que propician las tecnologías digitales] no debe ser en ningún caso sinónimo de “disponibilidad permanente obligatoria” hacia las necesidades de la empresa [pues lo contrario] puede conllevar riesgos psicosociales, o incrementar los niveles de estrés. [De ahí que] a la espera de una intervención legislativa en el desarrollo de un efectivo derecho a la desconexión, los convenios colectivos pueden desempeñar un papel fundamental»[56] mediante «la implantación de políticas de desconexión digital que permitan limitar la actividad y disponibilidad de los profesionales fuera de su horario de trabajo a las situaciones perentorias o justificadas admisibles en el marco de la legislación aplicable»[57], así como de «programas de hábitos saludables y prevención de la hiperconectividad […] [en consonancia con los] valores y código de conducta» de la entidad[58].
    Desde luego, ambas facetas adquieren un brillo particular «en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como [más todavía] en el domicilio del empleado vinculado al uso con finalidades laborales de herramientas tecnológicas»[59], hipótesis donde, excepción hecha de las situaciones de guardia[60], evidentemente tampoco «se podrá exigir el cumplimiento de un trabajo fuera del horario y jornada de trabajo de cada trabajador o de las franjas horarias de disponibilidad obligatoria para interconexión y coordinación dentro del horario de permanencia obligatoria»[61].

[1]Personalmente y no sin ciertas reservas, tan solo merece la pena destacar el contenido de los artículos 89, 90 y 91 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019); y, en menor medida, de los artículos 32 delos convenios colectivos de las empresas Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU, Fundación Laliga y Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (los tres, en el BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019), todos ellos coincidentes entre sí y, a su vez, con lo dispuesto en el convenio colectivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, publicado en el BOE núm. 292, de 5 de diciembre de 2019.

[2] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre).

[3]Primero, mediante el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE núm. 253, de 23 de septiembre) y, después, a través de la subsiguiente Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (BOE núm. 164, de 10 de julio).

[4] Art. 31 del convenio colectivo para la actividad de oficinas y despachos de la provincia de Burgos (BOP núm. 93, de 17 de mayo de 2019); art. 76 del convenio colectivo del sector de comercio e importadores de artículos fotográficos, vídeo y sonido de la provincia de Barcelona para los años 2019-2021 (BOP de 14 de noviembre de 2019); disp. adic. III del convenio colectivo del sector de comercio de óptica al detalle y talleres anejos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 23 de agosto de 2020); art. 47 del convenio colectivo del sector del transporte de mercancías por carretera, logística y mensajerías de la provincia de Valencia (BOP núm. 233, de 3 de diciembre de 2020); o art. 60 del convenio colectivo del sector montajes y empresas auxiliares del Principado de Asturias (BOPA núm. 63, de 5 de abril de 2021).

[5] Disp. final 13.ª del convenio colectivo de la empresa Unicarriers Manufacturing Spain, SA, para el centro de trabajo de Noáin (BON núm. 173, de 3 de septiembre de 2019); disp. adic. 14.ª del convenio colectivo del sector de preparados alimenticios y productos dietéticos de la comunidad autónoma de Cataluña (DOGC núm. 8158, de 19 de junio de 2020); art. 17 del convenio colectivo de la empresa Vigón Oeste, SA (BOP de Gipuzkoa núm. 215, de 10 de noviembre de 2020); art. 20.1 del convenio colectivo del Grupo de Empresas de las Fundaciones de Investigación Biomédica de las Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio Madrileño de Salud (BOCM núm. 311, de 22 de diciembre de 2020); o art. 36 del convenio colectivo de la empresa Siemens Gamesa Renewable Energy 9Ren, SL (BOCM núm. 184, de 27 de mayo de 2021).

[6]Art. 51.Ter del convenio colectivo del sector de industria, servicios e instalaciones del metal de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 38, de 14 de febrero de 2019); o art. 21 del convenio colectivo del sector del comercio del metal de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 172, de 22 de julio de 2019).

[7]Art. 71 del III convenio colectivo del Ciclo Integral del Agua (DOGC núm. 8334, de 5 de febrero de 2021).

[8]Disp. adic. 2.ª del convenio colectivo del Grupo Aramón (BOA núm. 131, de 8 de julio de 2019); o art. 66 del IV convenio colectivo de la comunidad autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (BOJA núm. 241, de 16 de diciembre de 2020).

[9] Pacto complementario 6.º del convenio colectivo del sector de las industrias siderometalúrgicas de la provincia de Barcelona para los años 2020-2021 (DOP de 23 de febrero de 2021); o disp. final 2.ª del convenio colectivo del sector de las industrias siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona para los años 2020-2021 (BOP de Tarragona, de 25 de febrero de 2021).

[10] Disp. final 4.ª del convenio colectivo de la empresa PSAG Automóviles Comercial España, SA (BOCM núm. 228, de 19 de septiembre de 2020).

[11]Art. 66 del IV convenio colectivo de la comunidad autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (BOJA núm. 241, de 16 de diciembre de 2020).

[12]Art. 71 del III convenio colectivo del Ciclo Integral del Agua (DOGC núm. 8334, de 5 de febrero de 2021).

[13]Art. 66 del IV convenio colectivo de la comunidad autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (BOJA núm. 241, de 16 de diciembre de 2020).

[14]Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019).

[15] Disp. trans. 1.ª del convenio colectivo de la empresa UTE Cespa, SA, y Cespa Gestión de Residuos, SA, Servicio de Limpieza de Viales de las Plataformas Alta y Baja de Mercamadrid (BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2019); disp. adic. 7.ª del convenio colectivo de la empresa Cespa, SA, trabajadores adscritos al servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Almendralejo (DOE núm. 236, de 10 de diciembre de 2019); disp. adic. 3.ª del convenio colectivo de la Empresa UTE Cespa Gestión de Residuos, SA, y Cespa, SA (Servicio de recogida, transporte y gestión de residuos del ecoárea de Mercamadrid) (BOCM núm. 234, de 26 de septiembre de 2020); o disp. adic. 5.ª del convenio colectivo de la empresa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares (CESPA, SA), Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos de Colmenar Viejo (BOCM núm. 134, de 28 de mayo de 2021).

[16]Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); o art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019).

[17]Art. 71 del III convenio colectivo del Ciclo Integral del Agua (DOGC núm. 8334, de 5 de febrero de 2021).

[18]Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); o art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019).

[19] Art. 8 del convenio colectivo del sector del comercio textil de Barcelona y provincia para los años 2019-2021 (BOP de 18 de noviembre de 2019); art. 30.1 del convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de Cataluña para los años 2019-2021 (DOGC núm. 8064, de 14 de febrero de 2020); art. 64 del convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Cataluña (DOGC núm. 8178, de 16 de julio de 2020); o disp. adic. 3.ª del convenio colectivo del sector de comercio de óptica al detalle y talleres anejos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 23 de agosto de 2020).

[20] Art. 30 del convenio colectivo para la actividad de oficinas y despachos de la provincia de Segovia para los años 2021-2024 (BOP núm. 54, de 5 de mayo de 2021).

[21] Art. 41 del convenio colectivo para el sector de abogados, procuradores y graduados sociales de Cantabria, para el periodo 2019-2022 (BOC núm. 161, de 29 de agosto de 2019); art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019); art. 19.5 del convenio colectivo de la empresa Red Universal de Marketing y Bookings Online, SA, Rumbo (BOCM núm. 296, de 13 de diciembre de 2019); art. 6.e) del convenio colectivo de la empresa Renault RetailGroup Madrid, SA (BOCM núm. 303, de 21 de diciembre de 2019); art. 54 del convenio colectivo para el comercio en general (excepto alimentación) de la provincia de Valladolid para los años 2019-2021 (BOP núm. 24, de 5 de febrero de 2020); art. 66 del IV convenio colectivo de la comunidad autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (BOJA núm. 241, de 16 de diciembre de 2020); art. 19 del convenio colectivo para las actividades de oficinas y despachos de Salamanca y su provincia, años 2021-2022 (BOP núm. 96, de 21 de mayo de 2021); o art. 21 del convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Ourense (BOP núm. 164, de 20 de julio de 2021).

[22] Art. 20 del convenio colectivo del sector de pastelería, confitería, bollería y repostería industrial de la provincia de Valladolid para los años 2021-2023 (BOP núm. 95, de 21 de mayo de 2021).

[23] Art. 17 del convenio colectivo de la empresa BSH Electrodomésticos España, SA, para el periodo 2019-2023 (BOC núm. 172, de 7 de septiembre de 2020).

[24] Art. 6.e) del convenio colectivo de la empresa Renault RetailGroup Madrid, SA (BOCM núm. 303, de 21 de diciembre de 2019).

[25]Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); o art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019).

[26] Art. 10 del convenio colectivo del comercio de actividades diversas para la Comunitat Valenciana 2019-2020 (DOGV núm. 8648, de 3 de octubre de 2019); art. 13 del convenio colectivo del sector de hostelería de Navarra (BON núm. 223, de 12 de noviembre de 2019); art. 76 del convenio colectivo de la empresa Estructuras y Encofrados Pecusa, SL, para el periodo 2020-2025 (BOC núm. 18, de 28 de enero de 2020); art. 27 del convenio colectivo para el sector de las empresas organizadoras del juego del bingo en Cataluña (DOGC núm. 8067, de 19 de febrero de 2020); art. 29 del convenio colectivo de la empresa PMC Materiales Especiales de Construcción, SL, para el periodo 2020-2023 (BOC núm. 45, de 5 de marzo de 2020); o art. 28 del convenio colectivo del sector de la acción e intervención social de Navarra (BON núm. 75, de 6 de abril de 2021).

[27] Art. 21 del convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Ourense (BOP núm. 164, de 20 de julio de 2021).

[28]Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019); art. 66 del IV convenio colectivo de la comunidad autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (BOJA núm. 241, de 16 de diciembre de 2020); o art. 28 del convenio colectivo del sector de comercio de vidrio y cerámica de la provincia de Valencia (BOP núm. 91, de 14 de mayo de 2021).

[29]Art. 21 del convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Ourense (BOP núm. 164, de 20 de julio de 2021).

[30] Art. 6.e) del convenio colectivo de la empresa Renault RetailGroup Madrid, SA (BOCM núm. 303, de 21 de diciembre de 2019); o art. 21 del convenio colectivo del comercio de alimentación de la provincia de Ourense (BOP núm. 164, de 20 de julio de 2021).

[31] Art. 28.B.q) del convenio colectivo de la empresa FALCK, SCI, SA (BORM núm. 144, de 24 de junio de 2020).

[32] Art. 20.b).12 del convenio colectivo de la empresa Eulen (Servicios Auxiliares) (BOCM núm. 295, de 3 de diciembre de 2020).

[33] Art. 61.10 del convenio colectivo de la empresa Social VisionGroupSpain, SL (BOCM núm. 173, de 18 de julio de 2020).

[34] Art. 62.20 del convenio colectivo de la empresa Social VisionGroupSpain, SL (BOCM núm. 173, de 18 de julio de 2020); o art. 20.c).9 del convenio colectivo de la empresa Eulen (Servicios Auxiliares) (BOCM núm. 295, de 3 de diciembre de 2020).

[35] Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019); disp. adic. 3.ª del convenio colectivo del sector de comercio de óptica al detalle y talleres anejos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 23 de agosto de 2020); art. 10.4 del convenio colectivo del sector de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal de la provincia de Zaragoza (BOP núm. 262, de 13 de noviembre de 2020); art. 11 del convenio colectivo de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal de la provincia de Huesca (BOP núm. 78, de 28 de abril de 2021); art. 20 del convenio colectivo provincial del sector de pastelería, confitería, bollería y repostería industrial de la provincia de Valladolid para los años 2021-2023 (BOP núm. 95, de 21 de mayo de 2021); art. 60 del convenio colectivo para el personal que presta servicios en Cruz Roja Española de Cáceres (DOE núm. 112, de 14 de junio de 2021); o art. 43 del convenio colectivo del sector de las industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras de la provincia de Córdoba (BOP núm. 114, de 17 de junio de 2021).

[36] Art. 16 del convenio colectivo del sector del comercio del calzado de la provincia de Valencia para los años 2020-2021 (BOP núm. 91, de 14 de mayo de 2021).

[37]Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); o art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019).

[38] Art. 6.e) del convenio colectivo de la empresa Renault RetailGroup Madrid, SA (BOCM núm. 303, de 21 de diciembre de 2019).

[39] Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019); disp. adic. 3.ª del convenio colectivo del sector de comercio de óptica al detalle y talleres anejos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 23 de agosto de 2020); art. 17 del convenio colectivo de la empresa BSH Electrodomésticos España, SA, para el periodo 2019-2023 (BOC núm. 172, de 7 de septiembre de 2020); o art. 60 del convenio colectivo para el personal que presta servicios en Cruz Roja Española de Cáceres (DOE núm. 112, de 14 de junio de 2021).

[40] Art. 8 del convenio colectivo del sector del comercio textil de Barcelona y provincia para los años 2019-2021 (BOP de 18 de noviembre de 2019); art. 30.1 del convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de Cataluña para los años 2019-2021 (DOGC núm. 8064, de 14 de febrero de 2020); o art. 64 del convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Cataluña (DOGC núm. 8178, de 16 de julio de 2020).

[41] Art. 30.1 del convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de Cataluña para los años 2019-2021 (DOGC núm. 8064, de 14 de febrero de 2020); o art. 64 del convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Cataluña (DOGC núm. 8178, de 16 de julio de 2020).

[42] Art. 21 del convenio colectivo de la empresa Estrella de Levante, Fábrica Cerveza, SA (BORM núm. 180, de 5 de agosto de 2020).

[43] Art. 49 del convenio colectivo de empresas de atención domiciliaria de Cataluña (DOGC núm. 8264, de 5 de noviembre de 2020).

[44] Art. 90 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019).

[45] Art. 17 del convenio colectivo de la empresa BSH Electrodomésticos España, SA, para el periodo 2019-2023 (BOC núm. 172, de 7 de septiembre de 2020).

[46] Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019).

[47] Art. 9 del convenio colectivo del Diario El Correo, SAU, para el año 2020 (BOPV núm. 246, de 10 de diciembre de 2020).

[48] Apartado 2 del anexo X del convenio colectivo de industrias de la alimentación de Granada (BOP núm. 172, de 15 de octubre de 2020); o art. 27.2 del convenio colectivo de la empresa Industrias Espadafor, SA (BOP de Granada núm. 8, de 14 de enero de 2021).

[49] Art. 8 del convenio colectivo del sector del comercio textil de Barcelona y provincia para los años 2019-2021 (BOP de Barcelona, de 18 de noviembre de 2019); art. 30.1 del convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de Cataluña para los años 2019-2021 (DOGC núm. 8064, de 14 de febrero de 2020); o art. 64 del convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Cataluña (DOGC núm. 8178, de 16 de julio de 2020).

[50]Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); o art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019).

[51]Art. 89 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019).

[52] Art. 20.9 del convenio colectivo de la empresa Repsol Trading, SA (BOCM núm. 92, de 14 de abril de 2019).

[53] Art. 21 del convenio colectivo de la empresa Estrella de Levante, Fábrica Cerveza, SA (BORM núm. 180, de 5 de agosto de 2020); o anexo II del convenio colectivo de aplicación en el centro de trabajo Hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen de Calahorra (La Rioja) para el año 2019 (BOR núm. 108, de 3 de junio de 2021).

[54] Anexo IX del convenio colectivo de la empresa UnicarriersManufacturingSpain, SA, para el centro de trabajo de Noáin (BON núm. 173, de 3 de septiembre de 2019).

[55] Art. 91 del convenio colectivo del sector de comercio vario de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 255, de 26 de octubre de 2019).

[56] Art. 8 del acuerdo intersectorial de Navarra sobre relaciones laborales (BON núm. 74, de 16 de abril de 2019).

[57] Art. 35 del convenio colectivo del sector de exhibición cinematográfica de la provincia de Barcelona para los años 2019-2021 (BOP de 11 de junio de 2020).

[58]Art. IV.7 del convenio colectivo de la empresa 3M España, SL (BOCM núm. 308, de 28 de diciembre de 2019).

[59] Art. 32 del convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, SAU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Fundación Laliga (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); art. 32 del convenio colectivo de la empresa Servicios, Infraestructuras y Mantenimiento en el Deporte, SLU (BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2019); disp. adic. 3.ª del convenio colectivo del sector de comercio de óptica al detalle y talleres anejos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 23 de agosto de 2020); o art. 49 del convenio colectivo de empresas de atención domiciliaria de Cataluña (DOGC núm. 8264, de 5 de noviembre de 2020).

[60] Art. 13.1 del convenio colectivo de la empresa Gestiona Desarrollo de Servicios Integrales (BOCM núm. 58, de 21 de abril de 2021).

[61] Art. 73 del acuerdo de modificación del convenio colectivo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, actividad televisión (DOGC núm. 8410, de 14 de mayo de 2021).


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